Discutir asuntos públicos como si fuésemos suecos o suizos, en cuyos países hay mayor correspondencia entre su legalidad y la realidad, es casi ridículo o cuando menos penoso. Ninguno de los tres partidos políticos principales financia su existencia y campañas políticas sólo con las enormes asignaciones de fondos públicos que les proporciona la JCE. El PRM, el PLD y la FP reciben aportes de muchas otras fuentes que quizás no son transparentes en sus estados financieros.
La procedencia, uso y compromisos que resultan de esos financiamientos oscuros son tan o más importantes que los RD$1,620 millones que este año recibirán 41 partidos, de los que el 80 % del dinero es para los tres grandes.
Esa bicoca la disponen la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral y el presupuesto aprobado por el Congreso. Los políticos profesionales que son incapaces de recaudar tanto dinero como deberían si su popularidad fuese como aseguran, están oponiéndose virulentamente a la intención del Gobierno de reducir un 50 % los subsidios al negocio partidista. ¿Pone en riesgo la integridad electoral o la democracia que los políticos vean reducida su ración dineraria estatal vía la JCE? No, pues lo que es igual no es ventaja.
Además, la JCE, el Gobierno, los partidos (y quienes pagamos impuestos), deberíamos exigir la higiene transparente de las finanzas partidistas; convendría más exigirles estados verificables, contabilidad auditada y rendición de cuentas a las 41 entidades políticas que reciben fondos públicos como si fuesen premios de lotería libres de impuestos y obligaciones…
