En una conferencia sobre derecho administrativo dominicano, hace varios años, el jurista Olivo Rodríguez Huertas relató la importancia de que en uno de sus gobiernos Buenaventura Báez haya creado la Cámara de Cuentas. El difamado prócer, cuyos enemigos le ningunean sus notables contribuciones al bien patrio, trajo de Inglaterra, Francia y España sus nociones sobre la importancia de la rendición de cuentas, incluyendo que todo servidor público debe poder demostrar el origen de su fortuna si la tuviese.
Recordé esto al ver demasiada alharaca inútil a través de redes sociales con el tema de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios entrantes y salientes. Muchos asombrados o indignados exigen a la Cámara de Cuentas investigar lo afirmado por varios de los declarantes, cuyas revelaciones han provocado incesante chismorreo. Sin embargo, me parece que a quien corresponde determinar lo declarado es a la DGII o la Procuraduría General o fiscales. A unos por mucho y otros por poco, entrando o saliendo.
Superemos esta hipocresía de confiar en “declaraciones” que la DGII desconoce.
