Los justificados reclamos de Justicia ante denuncias de corrupción constituyen un enorme reto para el nuevo gobierno. Dos corrientes contrarias pugnan por dominar ese asunto.
Los más vocingleros constituyen una amalgama de improbables aliados, desde bien intencionados ciudadanos hartos de la impunidad hasta chantajistas y extorsionadores interesados en extraer ventajas de sus denuncias, por un lado; y por otro, ciudadanos realmente decentes que apoyarán toda medida sensata para mejorar el imperio de la ley y sancionar judicialmente a quienes los tribunales juzguen culpables.
Los primeros hacen mucho escándalo, amenazan con tomar las calles en enero próximo si no hay presos y vociferan amenazadoramente en procura de medrar al amparo del cambio. De estos, los bien intencionados quizás se conformen con circo y los malandros azarosos con algún carguito.
En el fondo, nada cambiará por esos afanes. Pero la enorme masa silente de reales dolientes, gente sin otro interés político aparte de desear un mejor país, apoyará al presidente electo Abinader si acomete la gigantesca tarea prometida. Lo demás es puro teatro.
