Explicar a la opinión pública que del 17 de agosto al 6 de octubre se entregaron a la Policía 195 personas buscadas por supuestos delitos es un buen síntoma de que el Gobierno escucha la indignación ciudadana por la matazón de las recientes semanas.
Cada vez que al presidente le han preguntado por la epidemia de plomo, responde invitando a los prófugos o procurados a que se entreguen para evitar ser matados.
Es una grimosa advertencia, más espeluznante porque al parecer buena parte de la población apoya más la mano dura policial que el fortalecimiento de la legalidad.
La disyuntiva política es muy desfavorable para cualquiera que gobierne: la mano floja denota falta de control y manos sangrientas igual falta de control, pero con resultados mortíferos.
La Policía está en una situación muy incómoda, ya que para aplicar la imprescindible macana legal necesita que fiscales y jueces cesen la incesante devolución a las calles de los sometidos a la justicia. Si los expedientes son mal formulados, es mejor afinar la puntería judicial que andar matando sin ton ni son. Más de un 25 % de los buscados que se entregaron están acusados por homicidio.
La cacareada reforma policial no progresará nunca sin que al mismo tiempo haya colaboración de los fiscales para lograr oportunos juicios. Mientras tanto, menos mal que casi 200 han optado por entregarse. A ver ahora si los sueltan o procesan…
