El candidato Alofoke ha prometido dos cosas fáciles de hacer, muy populares y que revelan por qué su popularidad no es sólo por su imperio mediático o lenguaje vulgar. Identifica anhelos de los marginados que los políticos tradicionales rehúsan reconocer.
Eliminar la prohibición del comercio de armas de fuego permitirá controlar ese tráfico, bajar su precio en el mercado y cobrar impuestos en vez de enriquecer a mafiosos. Modificar la prohibición de que bares o colmadones operen fuera de horario es reconocer lo que comoquiera ocurre y eliminar una fuente de corrupción policial.
Estas han sido las primeras promesas de Alofoke. Tal comenté hace unos días, cualquiera que desee o necesite armas o municiones averigua o sabe dónde ir para comprarlas, pese la prohibición desde hace décadas de la importación de pistolas y cápsulas para defensa personal.
Es más incómodo (y a veces más caro) adquirir legalmente una escopeta de cacería y sus cartuchos que conseguir un revolver nuevo o usado en el mercado negro.
La ilegalidad del comercio de armas no ha impedido su tráfico y contrabando ni que los delincuentes, desde asaltantes hasta gatilleros o sicarios, dispongan de sus herramientas de trabajo. La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos y que el tráfico ilícito de armas y su importación, exportación o transporte aumenta la pena hasta 20 años de cárcel. Pero nadie quiere recordar ni mencionar de dónde salieron armas y municiones que fueron a parar a manos de las pandillas haitianas.
Excepto los exitosos decomisos de la DGA por contrabandos en puertos, hay pocas noticias de avances de las autoridades en este campo.
En vez de normalizar la ilegalidad rampante, las autoridades deben adelantarse a la promesa de Alofoke y reabrir el comercio legal de armas, para regularlo eficaz y correctamente. Si se aplica real voluntad política, a los delincuentes y criminales, incluidos sus poderosos socios, el Gobierno puede darles dura macana legal ejemplarmente.
