Tras ver que Justiniano Montero, un juez de carrera, fue escogido por el Consejo de la Magistratura, dominado por el presidente Abinader, como nuevo presidente de la Suprema Corte, me apenó que un experimentado colega opinara que quienes resaltamos las virtudes cívicas de otro contendiente, habíamos “quedado con la cara Langa”. Atribuyó a “compromisos” políticos nuestro apoyo a Fernando Langa.
Quizás con malicia, otro preguntó si conviene que el presidente, a quien sus apologistas alaban como “histórico precursor de la independencia judicial”, apoyara a un abogado con vínculos profesionales con su familia. Es penoso que corra tanto chisme y desinformación por la conclusión de un proceso transparente y legal para sustituir al actual juez presidente Luis Henry Molina, quien optó por no seguir en la Suprema.
Firmé el apoyo a Langa sin conocerlo personalmente y no me arrepiento. Esta nueva corte no debe preocupar ni quitar el sueño a nadie pues no ha juzgado nada aún. Montero presentó un excelente currículum. Toda designación de ese tipo, en cualquier país en que el jefe del Estado pueda influir, es una decisión política.
“Ceteris paribus” en capacidad jurídica e integridad, ser juez de carrera o jurista proveniente del ejercicio privado no es cualidad definitoria de excelencia.
En Estados Unidos, cuyo sistema judicial ya quisiéramos nosotros, de 17 presidentes de su Suprema Corte desde su fundación, nueve han sido designados sin tener ninguna experiencia previa como integrantes del Poder Judicial. Politizar el debate del hecho es una monumental bobería, intrascendente.
Lo importante es la voluntad de la comunidad jurídica para apoyar el fortalecimiento, la independencia y la responsabilidad de la Justicia. El político que crea ser “dueño” de un juez vive en el pasado…
