Imagen por Nehemías Alvino.

Solución judicial

15 de diciembre de 2020
Por José Báez Guerrero

Ante la rotunda negación del Congreso a eliminar el “barrilito”, las exoneraciones y demás asignaciones indebidas a legisladores, propuse que el presidente Abinader debería atreverse a eliminar esas partidas, justificado por la pandemia. Podría argumentarse que es ilegal el recorte de fondos de un poder del Estado a otro. 

Para legalizar esa acción, el Ejecutivo debe recurrir al Judicial para meter en razón al Legislativo. La Constitución obliga al presidente a administrar los fondos públicos según una serie de principios que a todas luces son violados cuando cada legislador asume extravagantemente funciones que las leyes asignan a ministerios del Poder Ejecutivo. Arguyen la excusa de realizar labores sociales que son un burdo clientelismo con fondos públicos, por demás sin ninguna supervisión ni rendición de cuentas. 

La ilegalidad e ilegitimidad e inconveniencia política, y quizás hasta la inconstitucionalidad, del barrilito y demás aberraciones, me parecen fácil de demostrar en un tribunal. Sería un bellísimo ejercicio de institucionalidad que pondría en su justo sitio al Congreso y enorgullecerá a casi todos los dominicanos. 

José Báez Guerrero

Abogado, escritor y periodista dominicano.

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