Falta mucho para el 24 de noviembre, cuando el presidente Luis Abinader cumplirá los proverbiales cien días gobernando, período usualmente llamado de luna de miel con la opinión pública, pero ya hay asomos de negros nubarrones que presagian atrabancos políticos ajenos a las dificultades propias de la pandemia por el Covid-19.
El inmenso caudal de buena voluntad que ha acompañado al jefe del Estado podría quedar en agua de borrajas por problemas creados por el propio gobierno nuevo, desde un notorio favoritismo por clanes familiares al designar funcionarios, deficiencias en sus políticas de comunicación social y sobre todo el intento de introducir nuevos impuestos a través del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2021.
Abinader insistió, durante su larga campaña por la presidencia, que un gobierno suyo reduciría la deuda pública, desmontaría impuestos, tasas y aranceles, evitaría nuevos financiamientos externos, bajaría la nómina pública y sometería judicialmente a los denunciados por corrupción gubernamental. Pero en tan sólo 50 días, aumentó la deuda pública en un 21%, pues la encontró en US$39,200 millones y le añadió US$8,500 millones, entre el presupuesto reformulado del año 2020 y lo contemplado en el presupuesto para 2021.
Todo lo anterior ha sido minimizado por una prensa hasta ahora bastante favorable al Gobierno, aparte de que el PLD aparentemente aún no se recupera de su derrota electoral ni da señas de recomponerse para cumplir su imprescindible rol de control del poder como leal oposición. Esto podría conducir a los gremios empresariales, casi todos hasta ahora muy complacientes y obsequiosos con el nuevo gobierno, a asumir un indeseado papel de críticos opuestos a las intenciones gubernamentales.
El detonante pudiera ser el propósito de crear impuestos nuevos a través del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2021, cuyo análisis ha incordiado privadamente a parte –por no decir todo— del liderazgo empresarial. Es paradójico que una manera de haber evitado fustigar a la clase media según se propone, pudiera haber sido alguna fórmula menos lesiva a la mayoría de los ciudadanos, como por ejemplo un impuesto a la riqueza, de 0.05 por ciento (0.05% o sea una veinteava parte de 1%) sobre activos por encima del equivalente en pesos de millón y medio de dólares (US$1,500,000.00).
Por el contrario, de manera ilegal, el proyecto del gobierno pretende ingresos fiscales violando la Ley Orgánica de Presupuesto, que en su artículo 37 prohíbe “crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos” en la propia ley anual del presupuesto, aparte de que la Constitución reserva sólo para el Congreso la facultad de crear o eliminar nuevos impuestos, tasas y gravámenes.
Mientras el electorado aupó a Abinader y rechazó a los “comesolos” por su corrupción e impunidad, ahora la misma clase media que se manifestaba en la Plaza de la Bandera y copaba las redes sociales, comienza a recordar el contraste entre la estabilidad y crecimiento de los gobiernos del PLD y cómo fueron los del PRD (antecesor del PRM) entre 1978 y 1986 y de 2000 a 2004.
El sector financiero recibiría un “palo acechado” al proponerse que los bancos comerciales añadan a su carga impositiva un impuesto adicional por el uno por ciento (1%) sobre sus activos financieros netos, lo cual encarecerá todas las operaciones de los consumidores, dificultando la meta de aumentar la bancarización y formalidad de la economía.
El gobierno también crearía para todas las empresas y negocios un impuesto “transitorio” sobre una cuestionable figura denominada “ganancias extraordinarias”, cuyo cálculo es engañoso después de un año electoral y la ralentización económica por la propia pandemia.
El gobierno pretende además obligar a la clase media a pagar un impuesto sobre compras hechas en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito, incluyendo servicios digitales pagados a empresas extranjeras para consumo local. Ya las redes arden con rechazo a esto.
Los nuevos impuestos que se crearían subrepticiamente mediante la ley del presupuesto incluyen otro que aumentaría el precio del gas licuado de petróleo (GLP) usado en los hogares para cocinar y en el transporte público y privado de pasajeros y carga. Y para que el sofocón impositivo salga más caro enfriarlo, también aumenta al 25% el impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre aparatos de aire acondicionado y refrigeración.
Lejos de estimular la economía, todos estos impuestos nuevos traerían inflación, disminución del crecimiento, evasión fiscal y mayor informalidad, logrando sólo agrandar el tamaño y participación estatal en una decreciente economía, resentida por factores foráneos.
En las redes sociales, imprescindibles para la sustentación política según descubrió el PLD al perder el poder tras dos décadas de control mediático, llueven las quejas también por cómo el gobierno ha favorecido o premiado con cargos públicos a varios grupos familiares de dirigentes del PRM. Por ejemplo, entre la descendencia del malogrado presidente Salvador Jorge Blanco, por citar sólo un caso, su hijo Orlando es ministro de Medio Ambiente, su hija Dilia viceministra administrativa de la Presidencia, su nuera Patricia Villegas embajadora en Brasil y su nieto Orlandito Jorge Villegas es diputado. Al tiempo de las quejas por alegado nepotismo, dirigentes del PRM manifiestan públicamente su desencanto por creer que el gobierno ha sido muy lento proveyendo empleos públicos como recompensa para sus activistas y militantes.
Las deficiencias en sus políticas de comunicación social son llamativas pese a que el gobierno ha incorporado como funcionarios a varios distinguidos comunicadores y periodistas que eran tenidos como “independientes”, así como a dirigentes de entidades de la sociedad civil que fueron pertinaces críticos del anterior gobierno.
Casi todas las cuentas de redes sociales o páginas web en ministerios o entidades oficiales fueron cambiadas, renegando la continuidad del Estado en una vital herramienta de comunicación. Igualmente, voceros oficiales han incurrido en pifias como denunciar el “hallazgo de graves fallas” en la Central Punta Catalina, cuando se trata de un mantenimiento programado y anunciado por las anteriores autoridades, afectando el interés gubernamental de vender esa planta. Similares escollos hay en Salud Pública, punta de lanza contra la pandemia, donde su jefe de comunicación, un veterano periodista, renunció disgustado por fricciones días tras entrar el ministerio donde ya hubo una destitución por presunta corrupción.
Otra falla notable es frecuentes errores en decretos y comunicaciones de la Presidencia. Estos incluyen la “destitución” de personas fallecidas, yerros en nombres de países al designar embajadores, decretos firmados por Abinader sin que figure su nombre y dignidad (a la usanza de los reyes de monarquías europeas), innovaciones como derogar expresamente los decretos que nombraban a funcionarios sustituidos y redacción notoriamente deficiente en notas de prensa.
* El autor es abogado y periodista con 43 años de experiencia.
