Jamás estará feliz ni conforme ningún dueño de negocio cuyo gerente atribuya al robo —y paradójicamente al aumento del número de clientes— un 54 % de pérdidas de enero a noviembre de 2023.
Resulta que eso dijo ayer el encargado interino de EDEESTE, para justificar el calamitoso estado de esa empresa, igual que las otras dos distribuidoras de electricidad estatales.
Los dueños somos los pagadores de impuestos y los demás ciudadanos. Lo más macondiano es que este desastre no causa ningún arranque de indignación colectiva, puesto que son algunos de los propios dueños del negocio quienes hurtan la energía, con conexiones ilegales o no pagando las facturas.
Los mudos dolientes somos los pendejos que pagamos la luz y los impuestos y enfrentamos todas las dificultades de la vida en el trópico.
El gerente admite que hay también “problemas con la medición y problemas con la facturación». Ello obliga a preguntarse cómo permite esto un Gobierno que ha sido tan exitoso combatiendo la pandemia, manteniendo la estabilidad en circunstancias internacionales terribles, rescatando el turismo y otros logros que hacen lucir imbatible la reelección del presidente Abinader.
Quizás los 652,000 usuarios ilegales que roban luz a EDEESTE simpatizan todos con el PRM, aunque sean quienes más protestan por los apagones. Prefiero creer que hay algún misterio que desconozco antes de asumir las dolorosas conclusiones…
