Tuve la enriquecedora experiencia de trabajar junto con varios grandes juristas durante el diálogo tripartita que produjo el Código Laboral en vigor, hace casi cuatro décadas.
Es alucinante que varios de los representantes sindicales de entonces son los mismos de hoy y los atrabancos igualmente similares.
Recuerdo cómo en aquellas conversaciones había representantes del comercio importador prestos a apoyar reclamos imposibles por parte de los abogados de los sindicalistas, hasta que auténticos líderes empresariales con nóminas de miles de empleados le enrostraron que no es igual tener diez o cincuenta empleados que cerca de diez mil.
Actualmente, la voluntad del Gobierno por lograr mejoras importantes para los trabajadores es innegable, tanto así que recientemente dispuso unos aumentos salariales sectoriales mayores que los que habían ya pactado empleadores del sector privado y trabajadores.
Sin embargo, quizás el mayor error de cómo las autoridades y los sindicalistas enfocan la modificación en curso del Código de Trabajo, es ver sólo las mejoras salariales y otros beneficios, sin considerar que lo conveniente es facilitar la creación de más y mejores plazas de trabajo formales en el sector privado.
Es mejor que aumentar los desbordados subsidios o empleos improductivos que sólo pueden darlos los políticos con cargo al erario.
El propósito de la reforma debe ser facilitar la creación de trabajo real mediante inversiones privadas, que disminuyan la informalidad, aumenten la bancarización, las recaudaciones de la DGII y la producción y exportación de bienes y servicios. Lo demás es buchipluma, populismo y posponer la posibilidad de mayor crecimiento y creación de riquezas.
