¿Tejemanejes variarán gabinete eléctrico?

27 de julio de 2022
Escrito Por: José Báez Guerrero


            Los chismes, intrigas y guerrillas dentro del sector eléctrico estatal deben tener al presidente Luis Abinader al coger el monte. 

            Quizás es de esperarse, pues es un sector vital de la economía, con participación empresarial privada, mixta y estatal, con alrededor de una decena de entidades públicas reguladoras. 

            El mercado eléctrico dominicano podría facturar en 2022 casi US$2,800 millones. Es un estimado conservador, en base a la facturación de las EDEs en 2021, de US$1,575 millones, que sumando los aumentos recientes podría ser en 2022 alrededor de US$2,000 millones, más la facturación de los sistemas aislados de casi US$400 millones y otros $400 millones de facturaciones directas de generadores a usuarios no regulados. 

            Es un mercado que en 2019 vio satisfecha una demanda de 125,170,000 kWh, más de tres veces el consumo en 1990 según la División de Estadísticas de Naciones Unidas. El Banco Mundial resalta que el consumo per cápita de energía eléctrica en la República Dominicana subió de 300 kWh en 1971 a 1,616 kWh en 2014. 

            Controlar el sector eléctrico es ambicionado por políticos, patriotas dispuestos al sacrificio por la patria y caballeros de industria, pues aspiran a salir de él muy ricos sin invertir ni un chele, poniendo solo audacia y corrupción en desmedro del Erario.  

            ¿Qué hará Abinader ante las incesantes tiraderas y camaleónicas maniobras de veteranos funcionarios aparentemente más interesados en sus propias agendas que en la del gobierno? 

Las mentadas EDEs

            El talón de Aquiles del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) es sin duda alguna la flagrante incapacidad de las empresas estatales distribuidoras, las EDEs del sur, este y norte, que no operan eficazmente sirviendo energía confiablemente, a precios competitivos y cobrando a sus clientes ni pagando puntualmente sus obligaciones con los demás operadores, como los generadores, las agencias gubernamentales y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). 

            Esta pésima administración de las EDEs obliga al gobierno a subsidiarlas. Hace un año, el gobierno anunció que sólo dedicaría RD$59,000 millones para sostener las distribuidoras, un 20% menos que en 2020. Pero las alzas de hidrocarburos en 2022 por la guerra de Ucrania obligaron a aumentar el subsidio con RD$6,201 millones sólo en los primeros 45 días de este año. 

            En este contexto, uno de los mayores escándalos de corrupción pendientes de juicio es el “Caso Antipulpo”, que mantiene bajo detención preventiva a hermanos del expresidente Danilo Medina, imputados por ilícitos en las distribuidoras. Los fraudes, robos y otros delitos atribuidos a Alexis Medina son por mas de RD$10,000 millones, según la fiscal Yeni Berenice Reinoso.  

            El 7 de julio pasado el presidente designó presidente del consejo unificado de las tres EDEs al economista Manuel Lara, quien administró el Banco de Reservas cuando gobernó Hipólito Mejía y fue subsecretario de Finanzas bajo Jorge Blanco. Lara relevó al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, cuya carga de responsabilidades era abrumadora.  

            La estrepitosa incapacidad de las EDEs, pese a leve mejoría reciente, luce trágica ante el reconocido éxito de empresas privadas que ofrecen servicio sin apagones, precios competitivos y cobran casi el 100% de sus facturaciones. 

Sierras y serruchos 

            La semana pasada el presidente Abinader anunció que revertirá ajustes de la tarifa eléctrica acordados tras años de discusión pública por todos los actores del mercado en el llamado “Pacto Eléctrico”, firmado antes de la pandemia del Covid y la guerra de Ucrania que dispararon la inflación y los precios de los combustibles. 

            Apenas horas después, desde el propio sector eléctrico oficial fue “filtrada” a la prensa una noticia fiambre: que en mayo del 2021 en la Superintendencia de Electricidad se habían aumentado los sueldos. La “denuncia” refería sólo al superintendente pese a que el incremento fue para todos los empleados. Y nada se dice de que, en otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Energía, se hayan realizado aumentos mayores. 

            Semanas antes, la generadora Seaboard, por motivo de una disputa comercial con competidores, había igualmente intentado desacreditar al superintendente de Electricidad, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Abinader. Seaboard opera unas barcazas en el río Ozama cuya mudanza han exigido ambientalistas tras inspecciones de autoridades.  

            El aumento de sueldos en la SIE, “denunciado” como si fuese actual o ilegal, lleva más de un año en el portal de transparencia de la SIE, que no recibe recursos del presupuesto del Estado, ni la rigen las normativas salariales de las leyes No. 41-08 sobre Función Pública y No. 105-13 sobre compensaciones gubernamentales, sino el artículo 31 de la Ley de Electricidad 125-01, que manda a remunerar al superintendente de manera similar a los más altos cargos ejecutivos del sector privado, lo cual aún no se cumple pese al reciente aumento. 

Tras la andanada mediática contra el superintendente, este voluntariamente decidió revertir los aumentos suyo y de los otros dos directivos, no así del personal de la Superintendencia, pero la CNE ni otros departamentos estatales han revertido sus aumentos.

Mediáticos

   Mientras arden la prensa y las redes entretenidas con el extemporáneo infundio del aumento salarial, falso escándalo que impidió al gobierno capitalizar políticamente revertir los aumentos de tarifa, se anuncian licitaciones para compras que lucen sospechosas sin que nadie las denuncie.

    Siempre es sospechoso declarar de urgencia o emergencia la adquisición de cualquier insumo que con un mínimo de destreza gerencial se sabe cuándo y cuánto hará falta, como por ejemplo los seguros, el material de oficina gastable o, en el caso de una empresa generadora de electricidad, su combustible, sea gas, fuel oil o carbón.

   Comprar de urgencia o emergencia facilita la corrupción, pues puede salir tan caro o más que comprar en el mercado spot, aparte de que el transporte no programado también es mucho más caro.

Un solo embarque de carbón comprado de urgencia, puede significar muchísimos más millones de dólares pagados de más que todos los pesos de los sueldos eléctricos denunciados como escandalosos. Quizás tanto amaraco mediático por salarios —infamia usada anteriormente— solo sirve para desviar la atención de problemas reales y gravísimos.

Liderazgo 

            El liderazgo del sector eléctrico estatal según está estructurado hoy debe corresponderle al ministro de Energía, Antonio Almonte, pero Abinader estructuró un “gabinete eléctrico” que preside el ministro de la Presidencia, con integrantes con nivel de gerente de plantas que al parecer maquinan para controlar esferas fuera de su alcance legal y político. 

            La incorporación de Lara a la presidencia de las EDEs puede significar el inicio de una recomposición importante del gabinete eléctrico, en la que aparte de competencias y destrezas, Abinader deberá reconsiderar con gran aplomo a cada funcionario según la voluntad de apegarse a la Ley, el valor de la lealtad a su agenda gubernamental y las conveniencias políticas. 

            Es excelente oportunidad de deshacerse de los quinta columnas con agenda propia que tantos tejemanejes intentan. 

José Báez Guerrero

Abogado, escritor y periodista dominicano.

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