Con excepción de muchísimos dominicanos que, aunque no lo expresan, ansían la oportunidad de “hacerse” sin importar que implique alguna corrupción, estimo que la mayoría inmensa apoyamos que se combata la corrupción.
Incluso lo favorecemos quienes hemos comentado la ilegalidad del “lawfare” que mantiene a inculpados, como el pasado procurador Jean Alain Rodríguez, privados de libertad por año y medio sin que sus procesos avancen.
La cacareada independencia del Ministerio Público a veces luce más una charada que una realidad, sobre todo cuando tras dos años no tienen ninguna condena en firme ni en primer grado que puedan exhibir. Por eso es preocupante que los conflictos a lo interno del Poder Judicial incluyan un escándalo entre un juez que alega que la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa lo persigue, intimida y denuesta mediáticamente por estar en desacuerdo con decisiones suyas, en vez de apelar según dispone la ley.
Es mala cosa que fiscales, jueces y funcionarios judiciales prefieran hablarle a la prensa en vez de por sentencia o resolución.
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