El asesinato del presidente Jovenel Moïse quizás sea la gota que colme el vaso de la indiferencia internacional ante Haití.
El gobierno está en manos de un primer ministro destituido mientras el designado no había asumido el cargo. Hay dos constituciones, una en francés y otra contradictoria en creole, sin solución legal para la falta del jefe del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Suprema Corte, que debió sustituir al presidente, murió recientemente de COVID y otros jueces están cancelados. El Congreso está incompleto y además su periodo ya venció por lo que para muchos carece de legalidad.
No hay, pues, ningún legítimo poder público, ejecutivo, legislativo ni judicial. Las iglesias, las entidades de la sociedad civil ni las Fuerzas Armadas poseen suficiente poder legítimo para asumir la dirección moral del pueblo. Si alguien dudaba que Haití es un fallido Estado inviable, ¿qué más pruebas necesita? Bandas de traficantes de drogas, contrabandistas y secuestradores controlan gran parte del territorio. La comunidad internacional no debe esperar más para intervenir ese pobre territorio.
