El nuevo ministro de Trabajo pretende imponer por resolución, a contrapelo del Código Laboral en vigor y la Constitución, un aumento del 30 % sobre el salario mínimo mensual de los trabajadores domésticos.
Anteriormente el Tribunal Constitucional invalidó una medida similar dado que una resolución del ministro no puede modificar una ley.
Nadie discute que los salarios de los trabajadores domésticos son muy bajos. Pero tampoco puede refutarse que muchos carecen de destrezas, instrucción o voluntad para realizar otras tareas mejor remuneradas.
Además, siempre que haya personas desempleadas cuya única oportunidad laboral es limpiar, cocinar o cuidar niños, ninguna legislación bastará por sí sola para poner precio a un trabajo que muchos realizarán por menor paga que la dispuesta legalmente.
El propósito de las leyes laborales debe ser estimular la creación de empleos formales en el sector privado. Muchos trabajadores domésticos permiten que jóvenes parejas puedan contar con dos ingresos familiares.
En hogares de clase media hacia arriba es muy improbable que empleen a alguien por sólo RD$13,000 mensuales, aparte de que casi nadie con conocimiento o experiencia trabaja por menos de RD$500 diarios.
Anunciar esta medida, irrealizable según se plantea, no hace más que enervar a la opinión pública, forzar otro posible recule o aumentar el desempleo. Ninguno de esos resultados conviene al país ni al Gobierno.
