Es innegable que algo raro se mueve detrás del tráfico ilegal de armas y municiones, de importación y venta prohibida por una absurda disposición que perjudica al legítimo comercio legal y favorece a las mafias o a los delincuentes.
Tampoco puede ignorarse el asombro de la ONU porque municiones confiscadas a las bandas criminales de Haití dizque provienen del arsenal del Ejército. Sean de la era de Trujillo o de las fabricadas en Colombia, se debe establecer su real procedencia y cómo llegaron allá.
El silenciado caso reciente de la Policía, cuyos controles son muy distintos a los del Ejército, embarra a las autoridades. Ambos escándalos requieren aclaración y consecuencias. Sin embargo, es notable la mejoría del equipamiento, listeza y moral de las Fuerzas Armadas desde 2020, un importante logro.
El Gobierno ha dado especial atención a los asuntos de seguridad, desde reformar el estatuto legal de la DNI, acumular deslumbrantes éxitos continuos en el combate al narcotráfico, reforzar la vigilancia de la frontera con Haití y cooperar con nuestros aliados naturales y socios económicos en el aseguramiento de la estabilidad regional.
Es una vergüenza que empaña estos avances la reciente matazón por la Policía, pese a su proceso interminable de reforma, de dudoso pronóstico. Una de las mercancías con mayor trazabilidad es el parque militar.
Por eso es necesario que sea inequívoca la voluntad política de las autoridades para continuar el saneamiento castrense y policial, que carecerá de fuerza y credibilidad si no son procesados judicialmente los responsables de cada caso.
