Hace dos o tres años la Asociación de Industrias inició un proyecto voluntario de reciclaje de plásticos. Hay un genuino interés del mejor empresariado de que las leyes y regulaciones sobre gestión de desperdicios y reciclaje estén a la altura de las expectativas ciudadanas y normas medioambientales internacionales.
En un país donde los basureros son un caos pese a ser de los negocios más rentables, la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es un tema que requiere atención y cuidado por todos los concernidos.
Por eso merece asunto la preocupación de la AIRD sobre varios macos del proyecto de reforma de esa legislación.
Un ejemplo es que pretende imponer sin mayor análisis ni justificación que las industrias usen determinado material para tapar sus envases, creando momentáneamente un monopolio.
También, el Gobierno y el Congreso deben reconsiderar la utilidad o conveniencia de que una dependencia de la Presidencia, absurdamente nombrada ECO5RD, tenga asignados RD$1,300 millones anuales del erario, para duplicar las funciones del fideicomiso de manejo de residuos, otro proyecto estatal.
Mientras el propósito de las leyes y sus modificaciones no esté inequívocamente orientado a lograr lo posible, difícilmente lograremos que imperen la ley y la justicia.
Ojalá la comisión congresual avive el seso y contribuya a efectivamente mejorar esa ley sin crear mayores escollos a las industrias formales comprometidas con la legalidad y el medio ambiente.
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