Desde 2020 el Gobierno adoptó como su adjetivo favorito un término tan abusado que lo han desflecado: “histórico”. Atribuyen la calidad de “histórico” a actos o meros anuncios que quizás son trascendentales, cruciales o significativos, pero no dignos de pasar a la historia, que es la narración de acontecimientos pasados dignos de recordarse o la disciplina que los estudia.
Más que históricos, “pertenecientes o relativos a la historia”, estos hechos o declaraciones a veces ni siquiera son noticias nuevas, sino refritos reciclados con fines propagandísticos. Por ejemplo, el vocero oficial recién se quejó de que los medios o los ciudadanos “no valoran” en su justa dimensión que el Gobierno disponga publicar los resultados de auditorías en entidades públicas.
El director de DIECOM dijo: “se trata de un hecho histórico y trascendental que revela el alto nivel de transparencia”. Merece apoyo y algún aplauso que el presidente Abinader instruya a la Contraloría “poner a disposición de la ciudadanía nuevos informes de auditorías practicadas a instituciones públicas, durante todo el período del 2020 al 2024 y parte del periodo actual”.
Sin embargo, excepto cuando deban reservarse para no obstaculizar investigaciones judiciales en curso, ¿acaso la ley no manda a dar publicidad a esas auditorias? Además, varias veces antes, como el 17 de abril de 2023, la propia Contraloría anunció como gran cosa, como si dependiera de su voluntad y no de una obligación legal, que “dará a conocer los resultados de todas las auditorías que realice a instituciones del Estado”.
Tanto histórico adanismo pone hasta a las focas reacias al aplauso… aunque la voluntad presidencial lo merezca.
